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La emergencia en salud sexual y reproductiva en Argentina expone una crisis creciente en el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, impulsando una respuesta urgente desde distintos sectores.
Estuvimos presentes en la presentación del Proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos (N.º 1153/2026), una iniciativa que busca dar respuesta a la situación crítica que atraviesa el país en materia de salud pública. Este proyecto fue elaborado a partir del petitorio ingresado a la Cámara de Diputados por el Frente Nacional de ONGs que representan a personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, y cuenta con el respaldo de más de 600 firmas de organizaciones sociales, equipos de salud y personas de todo el territorio nacional.
La amplia participación en la construcción de este proyecto refleja no solo la preocupación creciente, sino también el compromiso de la sociedad civil en la defensa del derecho a la salud. Se trata de una iniciativa colectiva que recoge experiencias, demandas y alertas provenientes de distintos puntos del país, donde las dificultades en el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento se vuelven cada vez más evidentes.
El proyecto fue impulsado por el diputado Esteban Paulón, quien tomó esta iniciativa surgida desde la sociedad civil y la transformó en una propuesta legislativa concreta. Actualmente, cuenta con el acompañamiento de diputadas y diputados de distintos bloques políticos, lo que evidencia que la preocupación por el deterioro de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva atraviesa diferentes espacios y no responde a una única mirada partidaria.
Desde la Fundación, acompañamos este proceso entendiendo que la articulación entre organizaciones sociales, actores políticos y la comunidad es fundamental para generar respuestas sostenibles. La presentación de este proyecto no solo representa un paso institucional importante, sino también una oportunidad para visibilizar una problemática que impacta de manera directa en la vida de miles de personas.
Un proyecto colectivo frente a la crisis en salud sexual y reproductiva
La construcción de este proyecto pone en valor el rol de la sociedad civil organizada, que no solo identifica problemáticas, sino que también propone soluciones concretas. En un contexto donde muchas veces las respuestas estatales resultan insuficientes, el trabajo articulado entre organizaciones permite sostener la agenda pública y visibilizar situaciones que requieren atención urgente.
Este tipo de iniciativas también refuerza la importancia de la participación ciudadana en los procesos legislativos, promoviendo políticas más representativas y alineadas con las necesidades reales de la población.
Por qué es urgente declarar la emergencia en salud sexual y reproductiva en Argentina
El proyecto surge en respuesta al agravamiento de la situación epidemiológica y al progresivo desfinanciamiento de programas esenciales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Los datos disponibles muestran con claridad la magnitud del problema y la necesidad de actuar de manera inmediata.
Entre los indicadores más preocupantes se encuentra el aumento sostenido de infecciones de transmisión sexual. En 2025 se registraron 55.183 casos de sífilis, el número más alto reportado en el país hasta la fecha, incluyendo casos en estadios avanzados que podrían haberse prevenido con diagnóstico y tratamiento oportuno.
A esto se suma una caída histórica en las tasas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como faltantes de vacunas para Hepatitis B, lo que debilita las estrategias de prevención y expone a la población a mayores riesgos. La vacunación es una herramienta clave de salud pública, y su interrupción o disminución tiene consecuencias a mediano y largo plazo.
En relación con el VIH, se estiman 6.900 nuevos diagnósticos por año, con un dato especialmente preocupante: el 48,1 % de los casos corresponde a diagnósticos tardíos. Esto implica que muchas personas acceden al sistema de salud cuando la infección ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que complejiza los tratamientos y afecta la calidad de vida.
Datos que evidencian el deterioro de la salud pública
El escenario se agrava aún más si se considera la reducción del 38 % del presupuesto del Programa 22, destinado a VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis. Esta disminución impacta directamente en la capacidad del sistema para sostener políticas públicas integrales, garantizar insumos y acompañar a las personas afectadas.
En el caso de la Hepatitis C, los datos también son contundentes: mientras que en 2023 se registraron 1.420 tratamientos, en 2026 esa cifra descendió a 789, lo que representa una caída del 44 %. Este retroceso implica menos acceso a terapias que hoy son altamente efectivas y que pueden curar la enfermedad.
Además, se han producido cierres de direcciones estratégicas, despidos de aproximadamente el 40 % del personal técnico especializado y la parálisis de organismos creados por la Ley 27.675, lo que debilita la estructura institucional necesaria para dar respuesta a estas problemáticas.
Por otro lado, se registran crecientes incumplimientos por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga en la provisión de tratamientos esenciales, lo que genera barreras adicionales para las personas que necesitan atención continua.
Todos estos factores configuran un escenario complejo que impacta directamente en la prevención, el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.
La declaración de emergencia como herramienta para garantizar derechos
La declaración de la emergencia nacional en salud sexual y derechos reproductivos permitiría priorizar recursos, fortalecer las políticas públicas existentes y garantizar el acceso equitativo a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.
Asimismo, habilitaría la implementación de medidas urgentes para reactivar programas clave, mejorar la disponibilidad de insumos y reconstruir capacidades técnicas dentro del sistema de salud. En un contexto de creciente vulnerabilidad, resulta fundamental que el Estado recupere un rol activo en la protección de estos derechos.
Desde nuestro lugar, reafirmamos la importancia de sostener estos espacios de incidencia y de continuar trabajando de manera articulada para visibilizar la situación y promover soluciones concretas.
La salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental. Su garantía no puede postergarse. Actuar a tiempo no solo es una responsabilidad institucional, sino también un compromiso con la vida y el bienestar de toda la población.
Edición:Fundación HCV Sin Fronteras